Los abogados catalanes en favor de la vivienda de persona en riesgo de exclusión

Nos alegra la noticia que llegó hace dos semanas sobre el apoyo del Consejo de la Abogacía Catalana y el Colegio de Abogados de Barcelona a las personas en riesgo de exclusión social. Ambos organismos han acabado de preparar el anteproyecto de ley que velará por el derecho a la vivienda de estos colectivos sociales , en el que también han colaborado la Generalitat de Catalunya y las entidades promotoras de las antigua legislatura popular.

Básicamente, el objetivo de este nuevo proyecto de ley es dotar a Catalunya de una normativa que permita recuperar las medidas urgentes para afrontar la emergencia dentro del ámbito de la vivienda y de la pobreza energética. Medidas que se contemplaban en la ley del año 2015 pero que fueron suspendidas por un recurso de inconstitucionalidad por parte del presidente del Gobierno.

La iniciativa de la abogacía catalana responde a la petición del Gobierno de la Generalitat, y cuenta también con los apoyos de partidos políticos, alcaldías de varios municipios, sindicatos y entidades municipales, entre otros. El trabajo de este anteproyecto ha consistido en evitar el conflicto de competencia entre materias de Derecho civil, Derecho concursal y Derecho procesal, que fue el punto alegado en el recurso de inconstitucionalidad.

 

En qué consiste este anteproyecto de Le

Este anteproyecto de Ley pretende avanzar en la protección del derecho a la vivienda de la ciudadanía, regulando actuaciones que puedan quedar en manos no sólo del gobierno autonómico sino particularmente de los ayuntamientos de los municipios afectados. Además de establecerse fórmulas de actuación, también se consideran medidas de expropiación de carácter temporal sobre viviendas vacías.

Será legalmente obligatorio comunicar a la Administración pública cualquier acción de desahucio o ejecución hipotecaria por falta de pago que afecte a los casos previstos en el anteproyecto, para que se pueda tratar de evitar su exclusión social residencial en un plazo adecuado por medio del realojamiento, las ayudas u otras medidas administrativas.

El proyecto, finalizado, se somete ahora a información pública antes de poder ser presentado y aprobado en el Parlament de Catalunya.

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